Desde hoy, se encuentra en vigor la práctica totalidad de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tras cuatro meses desde que, el pasado día 9 de noviembre de 2017, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el texto de la nueva norma que habrá de regir la contratación del sector público en España (ver aquí alerta sobre su aprobación), hoy se produce su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Decimosexta.
La nueva Ley introduce multitud de novedades en la contratación del sector público en España (ver aquí las diez principales).
Tan sólo queda pendiente la entrada en vigor de determinados aspectos específicos de la norma (en particular, la previsión sobre la posibilidad de que la mesa o el órgano de contratación trasladen a la CNMC indicios fundados de conductas colusorias antes de la adjudicación del contrato), que se producirá cuando entre en vigor el desarrollo reglamentario de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Entrada en vigor del Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública
Adicionalmente, hoy se produce también la entrada en vigor del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.
En particular, dicha Comisión Interministerial ejercerá funciones de análisis y seguimiento en la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública, al tiempo que elaborará y propondrá al Consejo de Ministros propuestas, recomendaciones, informes, estudios o guías de aplicación.
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