COP26 – Tendencias en América Latina

Desde los glaciares de los Andes hasta los océanos en ambos lados del continente, América Latina alberga una amplia gama de eco-diversidad que es particularmente vulnerable al impacto negativo del cambio climático. Cada país latinoamericano enfrenta sus propios desafíos por lo que no existe una respuesta política regional unificada frente al cambio climático. Los esfuerzos individuales de los gobiernos latinoamericanos para reducir y revertir el cambio climático han estado limitados en los últimos años debido a la necesidad más inmediata de enfocarse en luchar contra los efectos de la pandemia de COVID-19 y en la crisis económica que dejó la pandemia en las economías de la región.

Si bien Chile, Perú, y Costa Rica han seguido liderando iniciativas en la región, para otros países las protecciones ambientales se logran a expensas del crecimiento económico. Las economías productoras de petróleo como Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela han demostrado interés en conservar las actividades actuales de sus industrias petroleras al tomar medidas para promover la exploración de hidrocarburos y quitarle prioridad a las alternativas energéticas limpias.

Otros países, como Argentina, se enfrentan a importantes obstáculos económicos que les han impedido tomar acciones relacionadas con el cambio climático. A medida que el resto del mundo empieza a invertir en energías sostenibles, los países latinoamericanos aún tienen la oportunidad de impulsar sus economías centrando sus esfuerzos en las energías limpias.

Iniciativas Positivas tomadas en 2020-2021

Como se mencionó, la región latinoamericana es especialmente vulnerable a las consecuencias del cambio climático, y algunos países están deliberadamente liderando iniciativas para mitigar este impacto:

Chile

A principios del 2020, un grupo de legisladores presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir la instalación y operación de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país antes del 2025. Este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2021 y ahora se trasladó al Senado. Si se aprueba, el proyecto de ley aceleraría de pleno derecho el cierre de las demás centrales termoeléctricas, programadas originalmente para cerrarse en 2040 de acuerdo al Plan de Descarbonización y Retiro de Centrales a Carbón de Chile, que prevé un cierre en tres fases, en vez de retirar las centrales antes de una fecha única.

Por otro lado, Chile promulgó su Ley de Eficiencia Energética en enero de 2021, que regula el consumo de energía y propone reducir en un 5,5% el consumo de energía en 2030 y un 7% en 2035. Chile además tiene el objetivo ambicioso de emerger como uno de los principales productores y exportadores de hidrógeno verde en todo el mundo. Estos esfuerzos incluyen el lanzamiento de la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” para promover la producción de hidrógeno verde aprovechando la energía solar vasta y barata que se produce en el norte del país, así como un proyecto piloto en la mina de cobre Spence para reemplazar el diésel y el gas natural que se usa en las calderas para la obtención de cobre. También hay esfuerzos para desarrollar dos proyectos piloto de hidrógeno que se espera empiecen a operar entre 2022 y 2023, así como el proyecto de combustible verde Siemens Haru Oni, que busca usar energía eólica para producir hidrógeno, metanol verde y combustibles sintéticos neutros en carbono. La Comisión Regional de Medioambiente de Magallanes aprobó el proyecto de hidrógeno verde para el desarrollador de combustibles verdes HIF que se hará en dicha región.

De acuerdo al Presidente Piñera, Chile está planeando presentar su Estrategia Climática de Largo Plazo en la COP26, la que se espera definirá cómo Chile va a implementar su proyecto de ley de cambio climático y fijará, por primera vez, límites en las emisiones de carbono para siete sectores. En su Contribución Nacionalmente Determinada de 2020, Chile estableció su compromiso de reducir al menos un 25% del total de sus emisiones de carbono negro antes del 2030 (en comparación con los niveles del año 2016).

Perú

En enero de 2021, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para incentivar la inversión en recursos de energía renovable. El Ministerio de Energía anunció que las energías renovables (no hidroeléctricas) en Perú produjeron un 27% más de energía en comparación con las cifras del año anterior. En abril de 2021, Anglo American anunció que firmó un acuerdo con Engie para proporcionar energía 100% renovable para su mina de cobre Quellaveco, que será el proyecto de parque eólico más grande del país. El gobierno peruano también anunció este año su compromiso incondicional de reducir en un 30% sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) para 2030.

Costa Rica

Costa Rica ha sido por mucho tiempo un líder en la región en materia de cambio climático y sostenibilidad. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno de Costa Rica desarrolló e inició un plan de “recuperación verde” para combatir el impacto de la pandemia y lograr un futuro más sostenible. Este plan de recuperación incluye medidas económicas, como una evaluación del Plan de Descarbonización del Estado sobre la recuperación económica, medidas de adaptación, como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la identificación y apoyo a las poblaciones más vulnerables de Costa Rica, y formas de construir una economía más circular. Como parte de su Plan de Descarbonización, Costa Rica está comprometida en alcanzar cero emisiones netas para 2050. A principios de este año, el Presidente Alvarado se reunió con el Presidente Designado de la COP26, Alok Sharma, para discutir la implementación del Acuerdo de París en la COP26, sobre todo en relación con el Artículo 6 sobre mercados de carbono y el Artículo 13 sobre marcos de transparencia.

Enfoques ambiguos hacia el Cambio Climático

Otros países de la región han combinado iniciativas positivas con decisiones económicas que pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente:

Brasil

Durante el año pasado, Brasil tomó varias acciones legislativas que tienen un impacto poco claro sobre el cambio climático. Por un lado, el Presidente Bolsonaro envió un proyecto de ley al Congreso para liberar tierras Indígenas a la exploración minera y ha presionado al Congreso para que vote sobre el proyecto. Si bien el proyecto de ley otorga a las comunidades indígenas el poder de vetar las actividades mineras que se desarrollen en sus tierras, no les da derechos de consulta sobre la construcción de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. Brasil también aprobó una ley de gas que abre el mercado de gas natural licuado (GNL) a empresas privadas. La crítica sobre esta iniciativa es que el uso de GNL para reemplazar el carbón no es una estrategia eficaz para reducir las emisiones de GEI. Además, el Congreso aprobó el proyecto de ley 3729/2004, que crea procesos más flexibles y sencillos para la concesión de licencias ambientales en Brasil.

Brasil también ha creado políticas que tendrán un impacto positivo en el cambio climático, entre ellas una nueva ley que recompensa a quienes brindan servicios de conservación de bosques nativos. El Estado Federal de Piauí tiene el parque eólico y solar más grande de América del Sur, y en 2021 se convirtió en el mayor productor de ambas fuentes de energía renovable de América del Sur. La agencia de energía de Brasil autorizó la expansión de muchos otros parques eólicos, que en definitiva evitarán la emisión de más de 2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. En 2020, como parte de su Contribución Nacionalmente Determinada, Brasil reafirmó su meta de reducir en un 37% las emisiones de carbono para 2025 y asumió una nueva meta de reducirlas en un 43% antes de 2030 (comparado con los niveles de 2005). El sector de energía solar también se benefició de una caída de precios en 2020 y de un gran incremento en el uso de paneles solares.

Colombia

A principios de 2021, Colombia también anunció su intención de otorgar 15 nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en 40 áreas diferentes del país, lo que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, Colombia también está tomando medidas positivas para mitigar el cambio climático. El Presidente Duque anunció en abril de 2021 que Colombia ratificaría sus dos compromisos en la COP26: reducir en un 51% las emisiones de GEI para 2030, y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Colombia también cuenta con el sistema de transporte público eléctrico y la flota eléctrica más grandes de América Latina. Además, el Presidente Duque lanzó a principios de 2021 un proyecto que busca compensar a las comunidades locales afectadas por los impactos de la deforestación, con el objetivo de llegar a acuerdos con casi 10.000 comunidades para fines de 2022.

México

A pesar de su Contribución Nacionalmente Determinada que busca reducir un 22% sus emisiones de GEI en 2030, es probable que la mayoría de las acciones del gobierno mexicano tengan un impacto negativo en el medio ambiente. El gobierno ha tomado varias medidas para priorizar el uso de petróleo y combustibles fósiles, incluida la promoción de la compañía eléctrica nacional de México, el impulso para construir la refinería de petróleo Dos Bocas, así como la iniciativa del Tren Maya que traerá infraestructura y motores diésel a ecosistemas selváticos sensibles. México también planea desplazar a los generadores hidroeléctricos y permitir que el Estado refine toda la producción de petróleo del país a nivel doméstico, lo que tendrá un impacto positivo para Pemex y, consecuentemente, un impacto negativo en los esfuerzos para promover energías limpias. Sin embargo, actualmente hay un proyecto de ley en trámite en el Poder Legislativo que prohibiría ciertas actividades mineras y de extracción de hidrocarburos en áreas naturales protegidas dado que estas actividades representan una seria amenaza para la biodiversidad en México. Si este proyecto de ley se aprueba, tendría un impacto positivo en el cambio climático; sin embargo, es probable que las empresas mineras y otros agentes importantes de la industria se opongan.

Ecuador

En abril del 2021, el nuevo Presidente electo de Ecuador anunció que cambiará la modalidad de contratación de contratos de prestación de servicios petroleros a contratos de participación para promover la inversión de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Si bien esto puede tener un impacto positivo en la economía, no tendrá un impacto positivo en los esfuerzos regionales para combatir el cambio climático y en la reciente iniciativa de lanzar el “Programa Ecuador Carbono Cero”. En 2019, el gobierno anunció el objetivo de Ecuador de reducir en un 9% sus emisiones GEI en los sectores de energía, industria, gestión de residuos y agricultura para 2025.

Iniciativas en Desarrollo

Finalmente, otros países de América Latina, como Argentina, se han centrado menos en iniciativas relacionadas a luchar contra el cambio climático porque se han enfocado en otros grandes desafíos. Argentina dio su primer paso hacia el desarrollo de iniciativas de cambio climático en noviembre de 2019 con la promulgación de la “Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”. Esta ley establece un marco legal para desarrollar y articular las políticas de cambio climático en el país, garantizando que su implementación sea consensuada y transparente. En 2020, los recursos renovables representaron el 10% de la producción de energía de Argentina, y el país espera elevarlo al 16% para fines de 2021. Las autoridades argentinas han estado considerando varios mecanismos para impulsar el crecimiento de la generación de energía renovable dentro del país, pero han surgido obstáculos económicos y financieros. Argentina tiene un compromiso específico de reducir sus emisiones de GEI en un 26% en 2030, y en la Cumbre sobre el Clima de este año, el Presidente Fernández informó que había ordenado al Gabinete Nacional de Cambio Climático de Argentina que preparara un plan nacional de adaptación y mitigación para presentar en la COP26, y mostrar que Argentina incrementó un 27,7% su Contribución Nacionalmente Determinada con respecto a 2016.